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21 de Julio de 2020
Tres retos clave para la democracia ambiental en América Latina y el Caribe
Por Daniel Barragán
Foto: Daniel Barragán. 2015
El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente.* Un medio ambiente sano y equilibrado, a la vez, es esencial para el ejercicio pleno de la ciudadanía democrática. La democracia y el medio ambiente tienen importantes puntos de relación, resultando en que la crisis de la democracia tenga efectos en la crisis ambiental, como también que la crisis ambiental impacte la democracia el estado de derecho.
El 4 de marzo de 2018, cerró y abrió un nuevo capítulo para la región con la adopción del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. Se cerró un capítulo de intensas negociaciones, en las cuales la ciudadanía y los actores de la sociedad civil organizada jugaron un rol catalizador para consolidar una visión de democracia alternativa para la región. Asimismo, se abrió un nuevo capítulo hacia la entrada en vigor que seguirá el cumplimiento de varios requisitos entre ellos, el que al menos once países lo ratifiquen.
En una región como América Latina y el Caribe, que fundamenta su crecimiento y desarrollo en la explotación de recursos naturales, no es de extrañarse que las dinámicas entre las comunidades, las empresas y los gobiernos generen niveles de conflictividad. Principalmente en torno a la propiedad y aprovechamiento de los recursos del suelo y subsuelo, y a los impactos ambientales y sociales asociados a los procesos de producción. Estas dinámicas y la conflictividad a la vez influyen directamente en la paz social, en la calidad de vida de las personas, en la democracia y en el “derecho de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.**
En este contexto, el Acuerdo de Escazú se plantea como una ‘ventana de oportunidad’ para transformar las dinámicas de relacionamiento y garantizar un escenario de democracia ambiental. Un escenario fundamentado en el ejercicio de los derechos de acceso, o derechos procedimentales ambientales, y en el respeto a la vida y a la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos ambientales. Sin embargo, la región enfrenta aún varios retos coyunturales para que el Acuerdo de Escazú sea una realidad, entre ellos rescato:
A pesar de las situaciones señaladas, el proceso del Acuerdo de Escazú avanza. Los gobiernos firmantes, en conjunto con la CEPAL y varios actores del ‘público’ iniciaron el proceso de definición de las reglas de procedimiento y modalidades de participación a ser adoptadas en la primera Conferencia de las Partes, a realizarse luego de la entrada en vigor del Acuerdo; también la estructura y funciones del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. Por su parte, la sociedad civil sigue impulsando acciones tendientes a incorporar nuevos países firmantes o a colaborar con los Estados en los procesos de ratificación. La entrada en vigor del Acuerdo será el paso a una etapa más relevante y compleja: la implementación de estándares a nivel nacional y el fortalecimiento de la democracia ambiental. *Carta Democrática Interamericana, Artículo 15. **Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Art.1.
- Entrada en vigor. A la fecha el Acuerdo tiene nueve Estados parte. Sin embargo, es necesario que más países, principalmente los megadiversos y más industrializados de la región respalden el Acuerdo con su ratificación. Esto transmitiría un mensaje político potente de apoyo a un sistema regional, de cumplimiento vinculante, que busca elevar los estándares ambientales y de derechos humanos de toda la región.
- Resistencia al cambio. Algunos países han registrado campañas contrarias al Acuerdo, que, a través de mensajes equívocos y sesgados -como, por ejemplo, el riesgo de ceder la soberanía sobre territorios nacionales que comprenden la Amazonía- han desinformado a la sociedad y entorpecido los procesos de aprobación legislativa.
- Recuperación post COVID-19. Si como salida a la crisis sanitaria y económica que estamos atravesando se priorizaran únicamente los incentivos para reactivar la producción sin tener en cuenta la sostenibilidad, ciertamente podría haber un impacto en la observancia de estándares de cumplimiento y regularización ambiental.
A pesar de las situaciones señaladas, el proceso del Acuerdo de Escazú avanza. Los gobiernos firmantes, en conjunto con la CEPAL y varios actores del ‘público’ iniciaron el proceso de definición de las reglas de procedimiento y modalidades de participación a ser adoptadas en la primera Conferencia de las Partes, a realizarse luego de la entrada en vigor del Acuerdo; también la estructura y funciones del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. Por su parte, la sociedad civil sigue impulsando acciones tendientes a incorporar nuevos países firmantes o a colaborar con los Estados en los procesos de ratificación. La entrada en vigor del Acuerdo será el paso a una etapa más relevante y compleja: la implementación de estándares a nivel nacional y el fortalecimiento de la democracia ambiental. *Carta Democrática Interamericana, Artículo 15. **Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Art.1.
Daniel Barragán
Investigador y consultor en temas de gobernanza ambiental, gobierno abierto, sostenibilidad y responsabilidad social
Actualmente se desempeña como Director del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio (CIIAT) de la Universidad de Los Hemisferios, así como profesor de Política de Sostenibilidad. Anteriormente se desempeñó como Director Ejecutivo del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental y como Cynthia Helms Fellow en el World Resources Institute. De formación Ingeniero Comercial, cuenta con posgrados en Gestión Ambiental y Sostenibilidad y en Responsabilidad Social (TEC de Monterrey), y en Participación comunitaria en la industria minera (Queensland University of Technology). Actualmente está finalizando una maestría en Responsabilidad Social y Liderazgo Sostenible (Universitat de Barcelona)
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