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20 de mayo de 2026
Más allá del litio: la nueva frontera de minerales críticos en Bolivia
Por Claudia S. de Windt, Ricardo Saucedo and Paulina Perez
En medio de su peor crisis económica en cuatro décadas, marcada por la escasez de divisas, combustible y un creciente malestar social, Bolivia depende cada vez más de la minería como un sector estratégico para la recuperación económica y la atracción de inversión internacional.
Sin embargo, la oportunidad de minerales críticos de Bolivia no es solo un desafío geológico, sino institucional. Hoy, la transición energética global está impulsando una demanda sin precedentes de minerales críticos, colocando a Bolivia — con su ubicación en el cinturón cuprífero andino y su geología precámbrica — en el centro de un nuevo momento geopolítico y económico. El reciente acuerdo entre Bolivia y Estados Unidos sobre minerales críticos, particularmente litio, refleja el papel estratégico que el país podría desempeñar en la transición energética, la era digital y la industria de defensa.
Aunque el litio se ha convertido en el recurso más reconocido internacionalmente de Bolivia, está lejos de ser su único mineral estratégico. Bolivia posee reservas de tierras raras, indio, níquel, tantalio, antimonio y cobre, entre muchos de los minerales críticos priorizados por Estados Unidos, la Unión Europea y China. El Atlas Minero de Bolivia identifica al menos 884 depósitos minerales, distritos y ocurrencias mineras en todo el país, que van desde grandes operaciones industriales hasta áreas mineralizadas aún poco exploradas.
La minería está profundamente arraigada en la cultura del país y ha moldeado su historia, sociedad y política desde la época precolombina hasta la actualidad. Históricamente, el modelo minero boliviano ha sido principalmente extractivo, desde la plata de Potosí hasta el estaño y ahora el litio y los minerales críticos, mientras que el Estado ha enfrentado dificultades para regular e industrializar eficazmente el sector. La actual conflictividad social, las crecientes preocupaciones sobre la estabilidad democrática y las demandas de la Federación de Cooperativas Mineras de Potosí reflejan la importancia política y económica que la minería sigue teniendo en el país.
Al mismo tiempo, esta nueva etapa minera no puede replicar modelos extractivos del pasado. La minería moderna debe ser innovadora, socialmente inclusiva, tecnológicamente avanzada y ambientalmente responsable si quiere contribuir al desarrollo sostenible y generar beneficios de largo plazo para las poblaciones locales.
Los recientes movimientos de empresas extranjeras como la canadiense Metalero Mining Corp. reflejan además el creciente interés internacional en Bolivia como una jurisdicción emergente de minerales críticos. Al mismo tiempo, proyectos en Santa Cruz como La Cruz–Pico Suto, Cerro Manomó y Rincón del Tigre han generado preocupación entre comunidades indígenas y grupos ambientalistas debido a los procesos de consulta, los impactos sobre los bosques y la supervisión ambiental.
La región de la Chiquitanía, considerada una de las zonas con mayor concentración de minerales críticos y tierras raras en Bolivia, también alberga ecosistemas biodiversos, bosques, ríos y múltiples comunidades indígenas. El proyecto La Cruz–Pico Suto presuntamente avanzó sin una consulta adecuada a comunidades guarayo, chiquitana y ayorea, mientras que Cerro Manomó y Rincón del Tigre involucran grandes zonas de tierras raras y minerales estratégicos ubicadas en áreas ecológicamente sensibles. Comunidades indígenas y defensores ambientales también han expresado preocupación por posibles impactos sobre los bosques y recursos hídricos, así como por riesgos de contaminación.
A medida que la expansión minera se desplaza cada vez más de las regiones tradicionales del altiplano hacia las tierras bajas orientales, distintas comunidades han expresado preocupación de que el país pueda reproducir algunos de los desafíos históricos de gobernanza ambiental asociados con la minería en los Andes, incluyendo contaminación, marcos regulatorios débiles, conflictos territoriales —incluyendo tensiones con productores agrícolas, otro pilar importante de la economía boliviana— y beneficios locales limitados. Estas tensiones se ven además agravadas por la superposición con territorios indígenas y zonas agrícolas.
Para que Bolivia pueda posicionarse estratégicamente dentro de la transición energética global, todavía deben abordarse importantes desafíos estructurales y de gobernanza. Gran parte del sector minero boliviano sigue siendo intensivo en mano de obra, basado en cooperativas y tecnológicamente rezagado. En respuesta, el gobierno ha enfatizado cada vez más cuatro pilares estratégicos: industrialización, transferencia tecnológica, diversificación de socios internacionales y soberanía sobre los recursos naturales. Estas iniciativas pueden ser parte de la solución, pero para que Bolivia se convierta en un proveedor estratégico de minerales críticos, los inversionistas deberán comprender verdaderamente el contexto institucional y social del país e integrar marcos ambientales y sociales en sus operaciones. Fortalecer la gobernanza, la transparencia, la modernización regulatoria, la capacidad institucional, los estándares de sostenibilidad y la participación comunitaria será esencial para garantizar que el desarrollo minero contribuya a la resiliencia económica de largo plazo y al crecimiento inclusivo.
Bolivia tiene una verdadera oportunidad, pero más allá de un desafío geológico, enfrenta también uno institucional. Su futuro dependerá menos del tamaño de sus depósitos y más de su capacidad para romper con un patrón histórico de exportación de materias primas y, en cambio, fortalecer sus instituciones, ampliar su capacidad industrial, mejorar la coordinación y la capacidad de implementación, y garantizar que los inversionistas sean capaces de anticipar y gestionar dinámicas ambientales y sociales mientras generan desarrollo sostenible
La región de la Chiquitanía, considerada una de las zonas con mayor concentración de minerales críticos y tierras raras en Bolivia, también alberga ecosistemas biodiversos, bosques, ríos y múltiples comunidades indígenas. El proyecto La Cruz–Pico Suto presuntamente avanzó sin una consulta adecuada a comunidades guarayo, chiquitana y ayorea, mientras que Cerro Manomó y Rincón del Tigre involucran grandes zonas de tierras raras y minerales estratégicos ubicadas en áreas ecológicamente sensibles. Comunidades indígenas y defensores ambientales también han expresado preocupación por posibles impactos sobre los bosques y recursos hídricos, así como por riesgos de contaminación.
A medida que la expansión minera se desplaza cada vez más de las regiones tradicionales del altiplano hacia las tierras bajas orientales, distintas comunidades han expresado preocupación de que el país pueda reproducir algunos de los desafíos históricos de gobernanza ambiental asociados con la minería en los Andes, incluyendo contaminación, marcos regulatorios débiles, conflictos territoriales —incluyendo tensiones con productores agrícolas, otro pilar importante de la economía boliviana— y beneficios locales limitados. Estas tensiones se ven además agravadas por la superposición con territorios indígenas y zonas agrícolas.
Para que Bolivia pueda posicionarse estratégicamente dentro de la transición energética global, todavía deben abordarse importantes desafíos estructurales y de gobernanza. Gran parte del sector minero boliviano sigue siendo intensivo en mano de obra, basado en cooperativas y tecnológicamente rezagado. En respuesta, el gobierno ha enfatizado cada vez más cuatro pilares estratégicos: industrialización, transferencia tecnológica, diversificación de socios internacionales y soberanía sobre los recursos naturales. Estas iniciativas pueden ser parte de la solución, pero para que Bolivia se convierta en un proveedor estratégico de minerales críticos, los inversionistas deberán comprender verdaderamente el contexto institucional y social del país e integrar marcos ambientales y sociales en sus operaciones. Fortalecer la gobernanza, la transparencia, la modernización regulatoria, la capacidad institucional, los estándares de sostenibilidad y la participación comunitaria será esencial para garantizar que el desarrollo minero contribuya a la resiliencia económica de largo plazo y al crecimiento inclusivo.
Bolivia tiene una verdadera oportunidad, pero más allá de un desafío geológico, enfrenta también uno institucional. Su futuro dependerá menos del tamaño de sus depósitos y más de su capacidad para romper con un patrón histórico de exportación de materias primas y, en cambio, fortalecer sus instituciones, ampliar su capacidad industrial, mejorar la coordinación y la capacidad de implementación, y garantizar que los inversionistas sean capaces de anticipar y gestionar dinámicas ambientales y sociales mientras generan desarrollo sostenible
Claudia S. de Windt
Abogada internacional, politóloga y ejecutiva senior con casi 25 años de experiencia en liderazgo en derecho ambiental, sostenibilidad y gobernanza en instituciones multilaterales y en el sector privado. Es fundadora y directora ejecutiva del Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad (IIJS, LLC). Sus áreas de especialización incluyen estrategias de sostenibilidad, gestión de riesgos corporativos, regulación, cumplimiento y rendición de cuentas, gobernanza socioambiental (ESG) y salvaguardas, estado de derecho ambiental, derechos humanos, diplomacia y procesos multi-actor. Ha dirigido operaciones internacionales complejas, asesorado a organizaciones en gobernanza, políticas y transformación para el desarrollo sostenible y ha desarrollado programas de fortalecimiento de capacidades. De Windt aporta una amplia experiencia sectorial entre otras areas en gobernanza de la minería, metales y recursos naturales.
Ricardo Saucedo Bornstein
Ricardo Saucedo Borenstein, es abogado, curso sus estudios universitarios en la Universidad Privada de Santa Cruz y cuenta con una maestría en Ingeniería y Gestión de Medio Ambiente. Fue fundador de la Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental y parte del Grupo de Especialistas en Derecho Ambiental de la OEA. Se ha desempeñado como Secretario de Desarrollo Sostenible de la Prefectura de Santa Cruz, y fue asesor en temas ambientales para varios gobiernos municipales del país, también ha sido especialista legal en auditorias de certificación de normas ISO 14000 .Ha sido profesor tanto para la Escuela de Jueces de Bolivia como para el Instituto de Formación del Ministerio Público del mismo país, ha publicado diversos artículos y manuales relacionados con la temática ambiental. Ha contribuido al desarrollo de legislación y políticas de manejo de recursos naturales dentro y fuera de su país.
Paulina Perez Lopez
Paulina Perez es egresada de Pennsylvania State University, donde obtuvo un título en Economía Política Internacional. Actualmente se desempeña como Analista de Políticas en el Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad (IIJS) en Washington, D.C., donde apoya investigaciones y trabajo de políticas públicas relacionados con sostenibilidad, gobernanza, minerales críticos y desarrollo internacional en América Latina y el Caribe. Sus intereses académicos y profesionales se centran en la gobernanza de los recursos naturales, los asuntos internacionales, el desarrollo sostenible y las implicaciones geopolíticas de la transición energética global. A través de su trabajo en IIJS, ha contribuido a investigaciones y análisis sobre minerales críticos, gobernanza ambiental, políticas climáticas y prácticas empresariales responsables en la región. Entre sus intereses más amplios se encuentran la política latinoamericana, las organizaciones internacionales y la intersección entre sostenibilidad, gobernanza y desarrollo económico.